La miseria ética y política de los hombres públicos que sucedieron a los padres de la Constitución ha impedido que aún después de 36 años de vigencia, este sea un capítulo resuelto y cerrado de nuestra historia.
Como consecuencia de esa cobardía política nacida de los intereses electoralista, no son pocos los aspectos que aún siguen sin resolverse, circunstancias que aprovechan los disconformes para hacer bandera de las mismas cuando la ocasión se presenta, como es el caso que estamos viviendo en estos días, con motivo de al abdicación de S. M., El Rey, para cuestionar la forma de Estado.
Una de las singularidades de la democracia es que lo soporta casi todo: la demagogia, el populismo, la mentira e incluso la existencia y participación de aquellos que quisieran abolirla. Y he dicho casi todo, porque lo único que no tolera, es que ningún ciudadano está por encima de las leyes, sea príncipe o plebeyo.
Es decir: la Ley está por encima de todo y de todos, y como tal hay que respetarla. Y como estamos de acuerdo en ese principio, la petición de un referéndum que por parte de algunos se está haciendo, aprovechando la abdicación del Rey, está absolutamente fuera de lugar. Existe una Ley de Leyes, la Constitución de 1978, elaborada por consenso por casi todos los partidos de la Cámara, incluida toda la izquierda que la refrendamos por abrumadora mayoría los españoles
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